La Comisión Europea ha adoptado el 8 de abril de 2009 una proposición de Directiva para luchar contra la morosidad en las operaciones comerciales que revisa la vigente Directiva 2000/35/CE.
La propuesta introduce, como principal innovación, la obligación para las Administraciones Públicas de pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde que se recibe la factura o se haya entregado el bien o realizado el servicio contratado.
La propuesta incluye, además, la clarificación y mejora de algunos artículos de la Directiva 2000/35/CE en materias como la reclamación de intereses, indemnización por gastos de cobro o refuerzo de las garantías contra las cláusulas manifiestamente abusivas.
La propuesta introduce, como principal innovación, la obligación para las Administraciones Públicas de pagar sus facturas en un plazo máximo de 30 días desde que se recibe la factura o se haya entregado el bien o realizado el servicio contratado.
La propuesta incluye, además, la clarificación y mejora de algunos artículos de la Directiva 2000/35/CE en materias como la reclamación de intereses, indemnización por gastos de cobro o refuerzo de las garantías contra las cláusulas manifiestamente abusivas.
